La Comisión Europea ha dado un paso más para que el nuevo Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos sea una realidad en 2018, reforzando así el mercado único digital.
Comisión, Parlamento y Consejo Europeo han llegado a un acuerdo sobre la reforma de la protección de datos que permite, en palabras de Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, “que ciudadanos y empresas, se beneficien de normas claras y adecuadas a la era digital. Europa ofrece así una protección fuerte y, al mismo tiempo, crea oportunidades y fomenta la innovación en un mercado único digital europeo”.
La reforma se propuso en enero de 2012 con el fin de adecuar la Directiva sobre Protección de Datos de 1995 a las nuevas necesidades y circunstancias, fruto de la aparición de las nuevas tecnologías y el incipiente ascenso del uso de Internet, que requería un nivel de protección de datos personales mayor al existente.
Ante los retos de la era digital, son necesarias unas normas comunes para todos los estados miembros, para que ciudadanos y empresas cuenten con los mismos niveles de privacidad y seguridad. Estas nuevas normas vendrán representadas en el Reglamento general sobre Protección de Datos y la Directiva sobre Protección de Datos a efectos policiales y judiciales.
Tras varios años de discusiones y debates, el acuerdo alcanzado esta semana, debe ser ahora adoptado por el Parlamento y el Consejo Europeo a principios del próximo año. Una vez ratificado, la nueva normativa entrará en vigor en 2018. Durante estos dos años venideros, la Comisión y las autoridades de protección de datos europeas trabajarán conjuntamente para que su aplicación sea un éxito y los ciudadanos y empresas conozcan sus derechos y obligaciones.
Entre los principales elementos que incluye el nuevo Reglamento de Protección de Datos destacan:
- Para los ciudadanos
Un mayor control sobre sus datos personales que mejorará la confianza. Con las nuevas normas: los ciudadanos tendrán un acceso más fácil a sus datos; mayor información sobre el uso que se hace de ellos; facilidad para transferirlos de un proveedor de servicios a otros; derecho al olvido para que una vez que decida que no quiere que sus datos sean usados, puedan ser eliminados, siempre que no haya motivos legítimos para conservarlos; conocerán en todo momento si sus datos han sido pirateados para poder actuar de inmediato.
- Para las empresas
Con las nuevas normas se podrán aprovechar al máximo las oportunidades y beneficios del mercado único digital. Las empresas y organizaciones verán reducidas las trabas burocráticas. Se crea la ventanilla única que resuelve los problemas transfronterizos y que permite que las empresas tengan como interlocutora a una sola autoridad de control, lo que ahorrará 2.300 millones de euros al año.
Se eliminan las diferencias normativas y los beneficios por contar con sede fuera de la Unión Europea. Ahora todas las empresas que operen dentro de la Unión tendrán que aplicar las mismas normas, independientemente de donde tengan su sede.
Las empresas deberán garantizar la protección de datos en sus productos y servicios desde la primera fase de desarrollo, es lo que se conoce como protección de datos desde el diseño. De este modo se mejora la privacidad y se guarda el derecho a la intimidad de los usuarios.
Además la Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) se benefician de una serie de ventajas: no más notificaciones a las autoridades de control, lo que supone un ahorro de 130 millones de euros al año; podrán cobrar una tasa para otorgar acceso a los datos, siempre que estas solicitudes sean infundadas o excesivas; no necesitan contar con un responsable de protección de datos, siempre y cuando no se dediquen a este sector y tampoco están obligadas a realizar una evaluación de impacto, a menos que exista un riesgo elevado.
Por lo que respecta a la nueva Directiva sobre Protección de Datos a efectos policiales y judiciales, se mejora la comunicación entre los cuerpos de seguridad de la Unión Europea y garantiza que los datos de víctimas, testigos y sospechosos estén debidamente protegidos, y su tratamiento cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, con las garantías adecuadas para los particulares.
