La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un expediente sancionador a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Murcia por publicar datos de carácter personal de sus funcionarios en su web sobre Transparencia. El Gobierno murciano tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
El pasado mes de octubre, dicha Consejería publicaba en su portal de Internet datos personales de 8.000 empleados que hacían referencia a su cargo, sueldos, nombres, títulos académicos, carnet de conducir. Información que ya no está disponible en la web como se puede ver en este enlace.
A la vista de la publicación hubo muchos aludidos que denunciaron ante la AEPD este hecho, dejando constancia que esta publicación se hizo sin su consentimiento expreso, tal y como establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que establece la obligatoriedad de pedir dicho consentimiento.
Desde el Gobierno de Murcia se explicó que esta publicación se hizo para cumplir con el artículo 13.2. a) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que establece la obligatoriedad “en materia de recursos humanos, de publicar la siguiente información: a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y su relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales”.
Sin embargo, los funcionarios reclaman que la citada Ley establece algunas excepciones, entre ellas que no se publicarán aquellos datos que no cumplan con la LOPD, prevaleciendo en este caso el derecho a la protección de datos frente al derecho de la información.
La pelota ahora está en el tejado de la AEPD que estudiará, en caso de recibirlas, las reclamaciones de la Consejería y dictará su resolución. Puede imponer sanciones en caso de entender que la publicación de estos datos fue excesiva y va en contra del derecho a la intimidad. Los afectados también pueden acudir a la Justicia ordinaria para denunciar este caso.
En Legitec ya expresamos nuestra opinión sobre esta publicación en un post anterior, en él consideramos que no era adecuado en este tipo de datos hacer prevalecer la Ley de Transparencia sobre el derecho a la privacidad.
