Transformación Digital en la Educación: desafíos y controversias sobre la Protección de Datos

El ámbito educativo ha experimentado una profunda transformación impulsada por la integración de tecnologías digitales en las aulas. Sin embargo, esto ha planteado importantes desafíos en la protección de datos personales de los estudiantes junto a controversias y sanciones relacionadas con el uso de herramientas como Google Workspace, destacando la urgencia de un cumplimiento riguroso de las normativas de protección de datos.

¿A qué se debe la reciente digitalización de la Educación en España?

En los últimos años, hemos sido testigos de un incremento significativo en el uso de dispositivos electrónicos, como tabletas y ordenadores, en el entorno educativo. Desde las primeras etapas escolares hasta la educación universitaria, la tecnología ha transformado la manera en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan. Esta transformación digital ha sido especialmente notable en el ámbito de la educación primaria y secundaria, donde la integración de tecnologías en el aula se ha acelerado a un ritmo sin precedentes desde la pandemia de COVID-19. Las restricciones impuestas para contener el virus obligaron a los centros educativos a adaptarse rápidamente a la enseñanza en línea, convirtiéndose en una necesidad, y los dispositivos electrónicos pasaron a ser herramientas indispensables para asegurar la continuidad del aprendizaje. Esta situación, aunque temporal en su origen, ha dejado una huella duradera en el sistema educativo, consolidando el uso de la tecnología como parte fundamental del proceso estudiantil.

¿Tienen las herramientas de Google los días contados en las aulas?

Este auge de la digitalización en las aulas no está exento de desafíos. Uno de los principales retos que enfrentan las instituciones educativas es garantizar la protección de los datos personales del alumnado. Con el uso generalizado de herramientas digitales, se recopilan y almacenan enormes cantidades de información sobre los estudiantes, que incluyen datos personales, académicos y, en algunos casos, incluso datos sensibles como la propia imagen de los menores. En muchos casos, estas herramientas son impuestas por las autoridades educativas sin una adecuada evaluación crítica y sistemática de su cumplimiento con la normativa de protección de datos. Un claro ejemplo que estamos observando estos meses es el caso del uso de Google Workspace en las escuelas primarias, la Autoridad Española de Protección de Datos ya está promoviendo sanciones a diferentes colegios ya que los considera responsables del tratamiento por no existir consentimientos suficientes para transmitir datos personales a Google para todos los fines que se transmiten actualmente.

En Madrid, se ha originado una oleada de denuncias por parte de padres de colegios de primaria en donde utilizan la herramienta digital Google Workspace, esta acaba de empezar, pero la AEPD ya confirma que en los últimos meses han crecido las denuncias contra colegios que usan las herramientas de Google y no cumplen con el tratamiento de datos. Este caso se encuentra muy señalado ya que Google Workspace for Education ofrece a los usuarios grandes espacios de almacenamiento en Google Drive y acceso a herramientas como Classroom, Meet, Google Docs, Formularios y Google Chat, plataformas muy comunes en los entornos estudiantiles, y para utilizar estos servicios cada menor, hablando del alumnado de colegios e institutos, debe crearse una cuenta y, por lo tanto, transmitir información de diversa índole con el fin de darse de alta en estas plataformas. Según la información proporcionada por Google, esta plataforma no recopila datos de alumnos con fines publicitarios pero en ningún momento estipulan explicaciones hacia el resto de fines de obligada información para los usuarios.

A modo explicativo hay que indicar que cada comunidad autónoma ostenta un acuerdo predefinido a la hora del uso de plataformas en las aulas, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se firmó un acuerdo con Google para el uso de sus herramientas en los centros de la comunidad. Pero Google tiene, según la compañía, un convenio también con Andalucía, Catalunya, País Vasco y Canarias, quienes estos últimos fueron apercibidos por usar sin el control debido las herramientas de Google.  Con otras como Extremadura o Murcia, Google colabora, pero no tiene convenio un establecido. La compañía estadounidense está en más regiones, pero a la vez compite con Microsoft, que también cede su infraestructura a centros educativos de varias comunidades. No solamente en España han ocurrido estos hechos, Dinamarca dio el pistoletazo de salida cuando un padre denunció en 2020 ante la agencia danesa de protección de datos respondió en febrero esta misma tesitura y emitió una resolución donde dice que el sistema actual de transmisión de datos a través de Google Workspace y Chromebooks en las escuelas no tenía una base legal. Las escuelas danesas debían, por tanto, cesar su transferencia de datos personales u obtener una base legal clara para hacerlo.

¿Qué peligros reales supone esta ausencia de control?

Es alarmante constatar que muchas de estas herramientas digitales no cumplen con los estándares de protección de datos exigidos por la normativa vigente. La acumulación de información sobre el alumnado sin el consentimiento explícito de los tutores legales puede tener graves implicaciones. Esta falta de control y transparencia no solo vulnera los derechos de los estudiantes, sino que también expone sus datos personales a riesgos significativos, como el acceso no autorizado, el uso indebido y la explotación comercial.

Los peligros asociados a la recopilación descontrolada de datos de menores son múltiples y graves. La exposición de información personal puede llevar a situaciones de ciberacoso, suplantación de identidad y otras formas de explotación digital. Además, la falta de control sobre quién tiene acceso a estos datos y cómo se utilizan puede poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Es fundamental que las herramientas educativas cumplan con las normativas de protección de datos para salvaguardar la privacidad y la integridad de los menores.

En este contexto, es imperativo que todas las entidades involucradas en el proceso educativo cumplan con sus obligaciones en materia de protección de datos. Esto incluye informar claramente a los alumnos y a sus tutores legales sobre el fin para el cual se recopilan sus datos, la legitimación para su tratamiento, los derechos que les asisten y las actuaciones que pueden llevar a cabo para ejercer dichos derechos. La normativa europea de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica Española de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), establecen directrices claras que deben ser seguidas para asegurar la protección de los datos personales de los estudiantes. El cumplimiento de estas normativas no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para con los menores y sus familias.

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